Contra los bosques

En el contexto de la crisis climática, el gobierno mexicano ha hecho poco para mitigar el acelerado proceso de deforestación producto de la tala legal e ilegal para la explotación maderera, la ampliación de la frontera agrícola y minera. Se trata de un problema complejo en el cual se involucran cada vez más agentes, con lo cual se hace difícil evitar que la deforestación y la violencia vinculada a ésta, aumente. En 2020, México perdió 127 mil 770 hectáreas de bosque. De acuerdo con el Programa Nacional Forestal 2020-2024, el producto de la tala ilegal en el país ya supera una tercera parte del total de madera comercializada. Durante los últimos diez años el crimen organizado se ha involucrado en el jugoso negocio de la tala clandestina en regiones boscosas del país donde en muchos casos opera coludido con autoridades locales. A esto se suma la participación de diversas comunidades que han visto un negocio rentable en la tala ilegal al amparo de la impunidad prevaleciente en distintas regiones del país, como Michoacán, la costa de Jalisco, Guerrero, Chihuahua y el Estado de México. Lo que se pierde con la deforestación es, sobre todo, las tramas vitales que alberga. Ahí están también las personas que coproducen la vida de esos espacios, sus defensoras.

El 27 de octubre de 2021 fue vista por última vez Irma Galindo Barrios, defensora mixteca contra la deforestación en los bosques de su comunidad, en el municipio de San Esteban Atatlahuaca, Oaxaca, en México. Apenas unos días antes, un grupo armado incendió alrededor de 25 casas y asesinó a siete personas en las comunidades de Ndoyonoyuji, Guerrero Grande y Mier y Terán del mismo municipio. Galindo había denunciado en sus redes sociales la complicidad del presidente municipal con los grupos de talamontes días antes de su desaparición. En 2019, Galindo presentó denuncias ante instancias nacionales competentes en materia forestal sin obtener respuesta. No obstante, su casa fue quemada por talamontes ilegales ese mismo año. Al momento de su desaparición el año pasado, Irma contaba con el apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México. Tras un año de su desaparición, no hay noticias sobre su paradero y tampoco se ha llevado a cabo ninguna investigación efectiva para encontrarla.

Apenas en septiembre de este año, México fue declarado el país más mortífero para defensores del territorio al sumar 54 personas asesinadas en 2021. De acuerdo con la organización Global Witness, casi la mitad de las personas defensoras del territorio asesinadas el año pasado en el mundo se reconocían como indígenas. Aunado a esto, más de un tercio de estos crímenes están considerados como casos de desaparición forzada. Además de México, países como Colombia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Brasil, Filipinas y la República Democrática del Congo se cuentan entre las regiones con el mayor número de asesinatos vinculados con la defensa del territorio, de sus bosques y el agua. El motor de estos atentados suele estar vinculado con la minería, los megaproyectos de infraestructura, la agroindustria y otras empresas extractivas que atentan contra todas las formas de vida en el territorio.Resulta por demás preocupante que este incremento de la violencia para la circulación de capitales esté dado con frecuencia en colusión entre agentes del Estado, crimen organizado e iniciativa privada. Ana del Conde y Heriberto Paredes han planteado que la desestabilización social y política generada por la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ en México ha abierto oportunidades económicas favorecidas por las fronteras borrosas entre lo legal y lo ilegal que la violencia y opresión contra comunidades locales y sus territorios permiten. La violencia contra defensores ambientales frente a la inacción gubernamental genera fracturas sociales y miedo que facilitan el expolio impune de elementos vitales para la vida en territorios mayormente indígenas. Al mismo tiempo, la voracidad de los mercados de productos y servicios, como por ejemplo el turismo y las bebidas alcohólicas, han generado nuevos enclaves extractivos que conforman cadenas de explotación, como la creciente industria del mezcal en Oaxaca, México. De acuerdo con Diana Manzo, la industrialización de esta bebida tradicional se entrelaza con procesos violentos de deforestación que traen consigo la erosión de los suelos y abren la puerta a la explotación minera en pocos años. La deforestación de los bosques asolados por la tala ilegal resulta, en este sentido, un primer paso de varios procesos de extracción de valor que eventualmente abren la puerta a la explotación minera legal e ilegal que conlleva, entre otros factores, la contaminación de los suelos y los mantos acuíferos, así como el desplazamiento forzado de los habitantes de la región.1Esta lógica de usurpación territorial y desplazamiento de poblaciones amenaza también a las personas que vivimos en las ciudades. Oaxaca de Juárez o la Ciudad de México se han vuelto territorios de disputa entre la población y la especulación inmobiliaria que ha visto en las estancias largas de trabajadores digitales del norte global una oportunidad de negocio que los mismos gobiernos locales han facilitado sin estipular reglamentos inquilinarios claros. Esto ha provocado un incremento considerable de las rentas, el desplazamiento de habitantes para poner en oferta los departamentos mediante plataformas digitales como Airbnb así como la transformación de grandes zonas de las ciudades en espacios de consumo inaccesibles para las poblaciones locales. Las ciudades no están exentas de la violencia asesina que busca acallar a quienes defienden el territorio, como da cuenta el caso del asesinato de Cristina Vázquez Chavarría en la Ciudad de México en 2019, una activista que luchó contra la impunidad de la industria inmobiliaria y denunció el despojo de inmuebles a adultos mayores para la construcción de edificios de departamentos en la Colonia Condesa de esta ciudad.

Las personas que defienden los territorios de la maquinaria extractiva están expuestas en muchos casos a la violencia ejercida no sólo por organizaciones ilegales de talamontes, mineros o el empresariado voraz, sino también por las propias autoridades de sus pueblos, que tienden a estar coludidas, facilitar o ser omisas con sus acciones. Las autoridades locales y regionales son las primeras responsables de la violencia contra los pobladores que defienden sus formas de vida y luchan contra la destrucción de los territorios disputados por la acumulación de capitales. Si bien en la lucha por la justicia climática, la defensa de los territorios y modos de vida es urgente exigir la acción de las autoridades, también es necesario reconocer que no es desde las posiciones de poder que se dirimirán estos conflictos. ¿Cómo desarrollamos relaciones solidarias que hagan imposible que estos atentados a la vida se repitan en los territorios que habitamos, asolados por proyectos extractivos, en la ciudad o en la montaña?